La moratoria en los desahucios, otra piedra más que hunde el sector

Mantener la moratoria sobre desahucios es seguir alimentando la inseguridad jurídica de los propietarios y la escasez de oferta de vivienda.

La moratoria para las situaciones de desahucio que lleva impidiendo sus ejecuciones en hogares vulnerables, moratoria aprobada por decreto en 2023, seguirá en vigor hasta final de 2025 y con la incertidumbre de si seguirá efectiva el año que viene, como piden algunos partidos políticos.

La opinión de los propietarios de vivienda en alquiler, desde su asociación ASVAL, es que mantener la moratoria sobre desahucios es seguir alimentando la inseguridad jurídica de los propietarios, que son los principales afectados en los procedimientos de desahucio (soportando 20 meses de demora, de media, en recuperar su vivienda). Esta situación afecta directamente a la creación de oferta de viviendas en alquiler, principal problema de la vivienda en la actualidad.

En Europa las moratorias que han tenido un carácter excepcional se han ido retirando gradualmente. En España a finales de 2024 se habían suspendido un 12% de los procedimientos judiciales. La proliferación de las moratorias en nuestro país ha motivado el auge de las fórmulas extrajudiciales como vía principal (un 80% de los casos), para que los propietarios recuperen sus viviendas.

La desaparición de las moratorias no causaría desprotección en los más vulnerables, ya que la Ley de la Vivienda contempla mecanismos de suspensión temporal del lanzamiento para personas en situación acreditada de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Posiblemente, el problema esté en que la derivación a los Servicios Sociales de las familias con vulnerabilidad no se está ejecutando de forma eficaz, por lo que son los propietarios los que se ven obligados a cargar con la situación.

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